La parlamentaria andaluza, Ana Mestre, acudió ayer en Sanlúcar a una reunión sectorial con las diferentes asociaciones locales que prestan ayuda socio-sanitaria en la ciudad, entidades como la Asociación de Fibromialgia, Asociación contra el Cáncer, Viudas o Cáritas, entre otras, cuyo esfuerzo y trabajo contribuye decisivamente a la mejora del bienestar de muchas personas.
En el encuentro, que tuvo lugar en la casa hermandad del Rocío, la parlamentaria andaluza, acompañada por el presidente y portavoz del Partido Popular en Sanlúcar, Juan José Marmolejo, mostró su reconocimiento a la labor que desempeñan estas asociaciones y expresó su intención de recoger “todas sus demandas e inquietudes para buscar soluciones a sus problemas”.
En la reunión se aclararon" las dudas que interesadamente ha creado el PSOE en torno a la Política social y la Ley de Dependencia". En este sentido, Ana Mestre aseguró que el PP “está trabajando intensamente en política social”. Fruto del interés del Gobierno por este asunto es la reforma de la Ley de Dependencia “que intenta reconducir la situación de colapso generada por el anterior Gobierno socialista, debido a la superación de las previsiones iniciales en cuanto a beneficiarios y a presupuesto, además de una lista de espera heredada de 300.000 dependientes”. “La reforma se ha hecho con valor”, aseguró Mestre, quien avanzó que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad “ha destinado el 61% de su presupuesto a Dependencia frente al 56% que recogía el PSOE”. Por tanto, queda claro que los socialistas mienten dado que el presupuesto para la Ley de la Dependencia no solo "no ha bajado sino que ha subido con respecto al del PSOE", recalcó.
Con estos datos en la mano, el portavoz del PP sanluqueño, Juan José Marmolejo, afirmó que "es evidente la apuesta del Partido Popular por esta Ley que garantiza todos los servicios a los dependientes”. Asimismo, destacó el aumento del presupuesto destinado a políticas sociales en un 11% con respecto a la cantidad que establecía el PSOE.
De esta forma, “el Gobierno manifiesta su compromiso con los dependientes pero con un sistema más eficaz, en el que se da prioridad a las personas más graves, en el que se simplifican los procedimientos, a la vez que promueve la calidad del servicio. La reforma preserva la Ley”, concluyó la parlamentaria.
