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Sanlúcar

Meyer defiende el decreto de vivienda porque las administraciones no pueden ser "meras espectadoras" ante desahucios

Señalando que, como consecuencia de la "crisis del capitalismo", desde 2007 se han producido en torno a 400.000 desahucios en el conjunto del estado, 86.000 de ellos en Andalucía

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La secretaria general de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura de la Junta, Amanda Meyer, ha defendido el decreto de función social de la vivienda que esta misma semana ha sido convalidado en el Parlamento andaluz porque considera que las administraciones públicas "no deben permanecer como meras espectadoras ante el grave problema de los desahucios".

   Durante una conferencia pronunciada este viernes en la biblioteca municipal de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Meyer ha defendido que la vivienda "debe cumplir una función social y no estrictamente especulativa", según ha informado IU en un comunicado.

   Así, ha indicado que las administraciones "no deben permanecer como meras espectadoras" ante el problema de los desahucios, señalando que, como consecuencia de la "crisis del capitalismo", desde 2007 se han producido en torno a 400.000 desahucios en el conjunto del estado, 86.000 de ellos en Andalucía.

   Ante esta situación, defiende que IULV-CA ha impulsado desde el Gobierno andaluz este decreto-ley de la función social de la vivienda, en el que "se consagra la vivienda como derecho protegido" en lugar de como "mercancía".

   Meyer asegura que esta normativa ofrece una "respuesta contundente a una situación de evidente emergencia social, económica y habitacional en un ejercicio de defensa del interés general frente a los intereses particulares de la banca y las grandes empresas".

   De este modo, señala que este decreto-ley está concebido como un "plan de choque para frenar la sangría social" que suponen los desahucios, con medidas como la expropiación temporal de uso de vivienda durante tres años a personas jurídicas (bancos, filiales, entidades de gestión) en determinadas circunstancias, sanciones para las que tengan viviendas vacías --siempre a personas jurídicas, subraya-- e incentivos al alquiler, esta vez sí a personas físicas.

   En este sentido, ha destacado que se trata de una normativa "plenamente garantista" que deja fuera a las residencias secundarias, las residencias de recreo y las viviendas reguladas por la legislación turística.

FALTA DE ACCIÓN DE PSOE-CIS EN SANLÚCAR

   En referencia directa a Sanlúcar de Barrameda, Meyer dijo estar "especialmente afectada por esta lacra social de los desahucios" debido al "enorme desempleo" del municipio gaditano y su "cada vez más evidente pobreza.

   En este sentido, ha lamentado que desde el equipo de gobierno PSOE-CIS "poco o nada se ha hecho para paliar los desahucios facilitando el acceso una vivienda digna", asegurando que "en seis años de gobierno no se ha construido una sola vivienda de promoción pública ni de carácter social en la ciudad".

   Por su parte, el portavoz municipal de IU en Sanlúcar, Rafael Terán, lamentó antes de presentar a Meyer que ese mismo día se derribara una vivienda a un trabajador por mandamiento judicial "ante la impasibilidad e indolencia de la alcaldesa, Irene García".

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