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Sanlúcar

Juzgado declara nulo el cobro de las tasas a comerciantes del mercado

El fallo del juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Cádiz condena a la Gerencia Municipal de Urbanismo por aplicar "unilateralmente" la tasa

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  • Mercado de Abastos. -

El juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Cádiz ha fallado sobre el recurso presentado el pasado mes de febrero por siete concesionarios del mercado de abastos contra la liquidación del canon anual correspondiente al año 2015 relativo al puesto de mercado provisional. 

Los placeros presentaron un recurso ante la Gerencia Municipal de Urbanismo por el cobro de esta tasa, si bien fue desestimado, como recoge el fallo del juzgado de lo contencioso administrativo, por encontrarse fuera de plazo. La GMU sólo admitió a trámite la de uno de ellos, que fue también desestimada y sobre la que ahora se ha pronunciado el juzgado. 

El fallo viene argumentado en que los recurrentes eran todos adjudicatarios de la concesión administrativa para el uso privativo de los puestos integrados en el Mercado provisional La Calzada y obligados al abono del canon o tasa, de conformidad con la Ordenanza Fiscal reguladora de la utilización privativa del mercado de abastos. En mayo de 2015, según se argumenta en los fundamentos de derecho, la delegada municipal de Economía del Ayuntamiento de Sanlúcar firmó una resolución por la que se acordaba excluir a los recurrentes en el patrón correspondiente al primer semestre de 2015 y posteriores de a ordenanza fiscal número 424 de Utilización privativa o aprovechamiento especial y, tras informe sobre la aplicación al caso de la ordenanza fiscal número 453, reguladora de quioscos en la vía pública, se aprueban por resolución de 11 de octubre de 2017 las liquidaciones correspondientes a la anualidad de 2015, lo que fue recurrido por uno de los placeros el 25 de octubre de ese mismo año, mientras que el resto, lo hizo el 14 de diciembre, por lo que fue desestimada por extemporánea, lo que reconoce expresamente el fallo judicial.

El hecho de que sí fuera admitida la reclamación de este último, es lo que ha llevado al titular del juzgado de lo contencioso administrativo a entrar al fondo del asunto, considerando que la GMU debería haber incluido como "requisito previo" que la utilización de los criterios de la tasa prevista para los quioscos en la vía pública para fijar un canon anual tenía que figurar "como requisito previo en el título concesional y así fuera aceptado por el recurrente". Así, el juez considera que "no cabe fijar un canon de manera unilateral, sin procedimiento alguno y modificando las condiciones del título concesional sin ser previamente aceptado", por lo que ha estimado este recuso, condenando a la Gerencia Municipal de Urbanismo al pago de las costas del procedimiento, hasta un máximo de 1.000 euros y declarando "nula de pleno derecho" la liquidación practicada a este comerciante. En cuanto al resto, el juez estima parcialmente el recurso contencioso administrativo y condena a la GMU a "retrotraer las actuaciones para que, requiera la subsanación o mejora del recurso presentado, o directamente calificándolo como acción de nulidad, adoptar la decisión que proceda, desestimando el resto de las pretensiones".

Al hilo de este fallo judicial, Izquierda Unida Sanlúca ha pedido explicaciones al alcalde de la ciudad, Víctor Mora. En palabras de Carmen Álvarez, portavoz de IU, "sólo y solamente el afán desmedidoy recaudatorio del alcalde, Víctor Mora, y la delegada municipal de Hacienda, Inmaculada Muñoz, puede justificar la pretensión de cobrarles a los comerciantes una cantidad desproporcionada por el tiempo que han tenido que estar en la carpa de la Calzada". Según Álvarez, la modificación de la tasa que se le venía aplicando a los detallistas en el mercado resultó que "debían pagar una abultada tasa muy por encima de lo que venían pagando en la plaza de abastos ahora remodelada". IU ha exigido "que sea el alcalde y la propia delegada de Hacienda los que sufraguen las costas del proceso con su patrimonio personal" y ha puesto de manifiesto su defensa de un "nuevo sistema tributario local, más justo y equitativo, que tenga en cuenta las circunstancias económica y social de la ciudad, capaz de reactivar la actividad comercial y que no castigue a las pequeñas y medianas empresas con desproporcionados impuestos". 

 

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