El Ayuntamiento de Sevilla va a poner vigilancia física en el mercado de la Puerta de la Carne por las mañanas (de 15,00 a 18,00 horas) y por las noches (00,00 a 7,00 horas) todos los días de la semana, incluyendo domingos y festivos. Además, habrá un coche de seguridad que hará dos rondas diarias, concretamente, en los tramos entre las 7,00 y las 15,00 horas y entre las 18,00 y las 00,00 horas.
Así se recoge en el pliego técnico publicado este jueves y consultado por Europa Press, en el que se argumenta la necesidad de este servicio --a prestar desde el 1 de septiembre de 2022 al 31 de marzo de 2023-- "con el fin de evitar la ocupación o allanamiento por terceros de un edificio de titularidad del Ayuntamiento de Sevilla y del que la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente ostenta la posesión, así como la sustracción de elementos o piezas propias del mismo".
La cuantía del contrato para los siete meses de duración del servicio asciende a la cantidad de 59.641 euros que se desglosan en 34.391 euros para los cuatro meses de vigilancia en el presente ejercicio, y 25.249 euros para el primer trimestre del año que viene. En relación con el mercado de la Puerta de la Carne, el Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado recientemente la liquidación del contrato de 2014 con la concesionaria del proyecto para la rehabilitación y puesta en servicio como complejo de ocio, cultural y gastronómico del edificio.
La fórmula escogida supone la adquisición por 1,5 millones de la totalidad de los estudios previos, proyectos de ejecución y arqueológicos, así como la valoración de los trabajos ya ejecutados para que así sirvan de base para el próximo proceso de licitación. "De esta forma, no se parte de cero, sino que el acuerdo con la Unión Temporal de Empresas (UTE) Mercado Puerta de la Carne permite afrontar la nueva licitación sobre un proyecto técnico ya elaborado, agilizándose todo el proceso. Se trata de un acuerdo beneficioso para ambas partes, que se ha trabajado intensamente y que cuenta con informes favorables de la Secretaría y la Intervención General del Ayuntamiento", resumió en su día el delegado de Hábitat Urbano y Cohesión Social, Juan Manuel Flores.
En virtud del acuerdo, se adquieren los derechos sobre los estudios previos, los estudios geotécnicos, los estudios arqueológicos, los estudios de seguridad y salud, el proyecto de rehabilitación, el proyecto de instalaciones, los estudios de estructura y patologías y los estudios fotométricos, al tiempo que se valoran todas las obras previas ejecutadas --en especial, las que atañen a las intervenciones arqueológicas--.
El motivo principal de la resolución del contrato estriba en la necesidad de incorporar los restos arqueológicos descubiertos, según dictaminaba la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, y también en el hecho de las modificaciones en el proyecto constructivo dado que el nivel freático del edificio se reveló distinto al inicialmente estimado.
Ambas circunstancias "obligaban a reformar sustancialmente" las condiciones de la licitación y adjudicación iniciales al "afectar de forma significativa" a su viabilidad técnica y económica por los "cambios" sobre el proyecto constructivo y patrimonial sobre el que comenzaron las obras.
Con la intención de recuperar el antiguo mercado, en desuso desde 1999, y otorgarle un concediéndoles un nuevo uso público para la ciudad, el Ayuntamiento realizó una concesión administrativa en junio de 2014, que recayó en la UTE Puerta de la Carne, para la gestión indirecta de un servicio público como centro de cultura, ocio y gastronomía. Se elaboró un proyecto constructivo, valorado en 7,5 millones de euros, cuyos primeros trabajos de carácter arqueológico se iniciaron en 2017.
No obstante, como consecuencia de nuevos estudios geotécnicos requeridos en el marco de esas obras, se descubrió que el nivel freático estaba por encima de la profundidad inicialmente estimada, lo que obligó a la redacción y tramitación de un proyecto reformado del aprobado en origen para garantizar la viabilidad técnica, constructiva, funcional y patrimonial de la construcción de la planta sótano, que debía ejecutarse en seco.
Los costes del nuevo sistema constructivo, no obstante, se revelaron como "inviables" para la empresa según las condiciones del contrato firmado, "sobrepasando claramente" los límites que establecía la Ley de Contratos del Sector Público (se situaba en el doble del coste inicialmente estimado).
En consecuencia, la entidad que iba a reformar el mercado renunció a ello ante la "imposibilidad" de continuar con la ejecución del contrato en los términos en los que se había firmado y el Ayuntamiento hubo de proceder a resolver la concesión administrativa concedida. La UTE presentó esta solicitud el 14 de julio de 2020 y la Junta de Gobierno lo aprobó el 27 de noviembre de 2020.
