Unas 50 personas de las 36 familias que habitan sin vínculo jurídico alguno un bloque de viviendas de renta libre de la avenida de las Juventudes Musicales, en el entorno de la glorieta de San Lázaro, se encuentran acampados frente a una sucursal bancaria de la calle San Fernando, en Sevilla, para solicitar una reunión con la entidad con el objetivo de buscar una solución a la situación de estas familias.

    En concreto, según ha señalado un portavoz de las familias a Europa Press, ante la sede de Ibercaja en la calle San Fernando, unas 50 personas permanecerán de forma indefinida, incluso pasarán allí la noche, hasta que se cumpla la promesa realizada por la entidad bancaria, en la reunión mantenida el pasado 23 de octubre, de mantener un encuentro en la primera quincena de noviembre para negociar una solución a la situación de las familias que viven en un edificio, propiedad de la sociedad limitada Residencial Murillo, participada en solitario por la entidad financiera.

   "En la reunión mantenida hace unas tres semanas pedíamos una mesa de negociación, en la que estuviera el Defensor del Pueblo, la Consejería de Fomento y Vivienda, las familias e Ibercaja, entidad que se comprometió a darnos una fecha para una próxima reunión antes de hoy, y no hay comunicación", ha explicado el portavoz.

   "En principio nos dicen que no pueden darnos fecha, por lo que acamparemos en la puerta hasta que puedan indicarnos la reunión", ha asegurado, recordando que las 36 familias han decidido permanecer de forma indefinida ante la sede de Ibercaja, actual propietaria del edificio en el que permanecen realojadas desde el pasado mes de mayo, hasta que la entidad financiera cumpla los compromisos adquiridos en la primera reunión, entre ellos, "la promesa de que durante la primera quincena de noviembre, plazo que hoy se ha cumplido, iba a producirse un encuentro para negociar una solución a la situación de las familias".

   De otro lado, cabe recordar que las familias han trasladado a Ibercaja una propuesta clara, "quieren pagar un alquiler social razonable a sus circunstancias por los pisos en los que se han realojado, que llevaban ya más de tres años vacíos".

   También quieren poder pagar el suministro eléctrico y el de agua, del que están privados desde hace meses, en una situación "ya insostenible".

   Las familias manifiestan su voluntad de seguir negociando con vistas a alcanzar un acuerdo que ofrezca soluciones al problema de las 36 familias que viven en el inmueble. Esperan además que cualquier posible acuerdo en esta línea pueda servir de base para próximas modificaciones legales que alivien la desesperada situación que viven numerosas familias que han perdido sus hogares.