El servicio jurídico del Estado está estudiando la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) con la que actualmente cuenta el proyecto del Dragado de Guadalquivir que impulsa el puerto de Sevilla para "determinar si está aún vigente, a pesar de ser de 2003, o si es necesario hacer otra".
En declaraciones a los periodistas en Almonte (Huelva), antes de participar en el Consejo de Participación de Doñana, Federico Ramos, secretario de Estado de Medio Ambiente, ha indicado que, en la actualidad, el Gobierno "ni respalda ni no respalda el dragado, una actuación que está pendiente de los trámites de evaluación ambiental y que tiene una DIA de 2003 sobre cuya vigencia hay dudas".
Por eso, desde el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) se ha pedido un informe al servicio jurídico del Estado para conocer si está vigente.
Asimismo, ha apuntado que el Ministerio está a la espera de recibir un proyecto definitivo con las condiciones que en su día se impusieron al puerto de Sevilla para realizar un análisis del mismo.
"El Ministerio no está ni a favor ni en contra, cualquier actuación debe de tener como primer objetivo la conservación del entorno de Doñana y sin una garantía para este espacio y sin una modernización de los regadíos del entorno que mejore la zona y que permita desvincular el cultivo de arroz del estuario y haya una menor presión del agua, no habrá lugar a este proyecto", ha dicho.
Ramos ha insistido en que sólo bajo estas dos premisas se podrá analizar el proyecto y ha asegurado que el Ministerio "va a ser lo más objetivo y va a dotarse de una base de conocimiento científica suficiente para justificar una decisión motivada y adecuada".
Por su parte, el consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Luis Planas, ha insistido en que la posición de la Junta sobre este asunto es "clara", cualquier actividad en este sentido "debería tener en cuenta no sólo la DIA sino conclusiones de la Comisión Científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)".
Asimismo, considera que el proyecto merece una nueva DIA, sobre todo "teniendo en cuenta que al final estamos hablando del uso de fondos europeos, por tanto, de algo que debe autorizar también ulteriormente la Comisión Europea".
Planas ha abogado por tomar este tema con "rigor" y ha manifestado la necesidad de que se defina el asunto sobre papeles y documentos concretos, algo que le parece "fundamental".
