El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), ha culpado a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, vigente desde el 1 de enero y conocida simplemente como la reforma local, del "esperpento" vivido en el Consorcio Metropolitano de Transportes al proponer el mismo una consulta entre los ayuntamientos adheridos, para que resolviesen entre su continuidad o no en la entidad, extremo conectado con la adaptación del Consorcio a la nueva ley.
El pasado mes de junio, recordémoslo, el consejo de administración del Consorcio Metropolitano de Transportes de Sevilla, participado por la Junta, la Diputación y 45 municipios, trataba una propuesta de la Presidencia, en manos de IU-CA, para instar a los ayuntamientos consorcionados a pronunciarse sobre su permanencia o no en el ente a cuenta de la incidencia de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local en su relación con la entidad.
La propuesta, marcada por una intensa controversia, quedó finalmente sobre la mesa y finalmente fue acordado que el Consorcio Metropolitano de Transportes proporcione a los ayuntamientos la información necesaria, en materia de efectos sobre las obligaciones y derechos, para decidir entre la permanencia o no en la entidad, que después elevó más de un 40 por ciento las cuotas correspondientes a los consistorios al objeto de combatir su delicada tesitura económica.
HAY QUE ADAPTARSE
La delegada territorial de Fomento Y Vivienda, Granada Santos, defendía de su lado que la idea de pedir a los ayuntamientos que se pronunciasen sobre su continuidad o no en el Consorcio de Transportes responde a la necesaria adaptación que afronta la entidad ante la aplicación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que reformularía la relación de los ayuntamientos con el ente y crearía un nuevo escenario en materia de obligaciones y derechos. Granada Santos, en ese sentido, aseguraba que el único riesgo de salir del Consorcio y de sus servicios reside en que un ayuntamiento así lo decida.
Ante esta polémica, por cierto aún por resolver, el presidente de la Diputación ha señalado a Europa Press que este conflicto, este "esperpento" según sus palabras, no es otra cosa que "el último botón de muestra" de la reforma de la administración local, una regulación elaborada "a espaldas de los ayuntamientos" y cuya aplicación está provocando "un caos" en la esfera municipal.
UNA CUESTIÓN "ENREDADA"
"A los municipios se les emplazó a salir, so pena de tener que contribuir económicamente al sostenimiento del Consorcio, y luego se ha venido comprobando que tal apartado no será así. La reforma, más que encauzar, ha enrevesado y enredado una cuestión que había que afrontar desde otros parámetros, como es la viabilidad del propio Consorcio de Transportes", ha dicho el presidente de la Diputación aludiendo también a los problemas económicos de la entidad, derivados de la creación de nuevos servicios, la bajada del número de viajeros y el impago de cuotas en el que incurren algunos ayuntamientos.
El conflicto del Consorcio de Transportes, desde su perspectiva, sigue "la línea de despropósitos" generados por la reforma de la administración local, una nueva legislación que según Villalobos ha "enrevesado" este asunto y tantos otros cuando el sector local "tiene mayoría de edad" para resolver sus problemas.
