Tres de los 10 acusados por pagar por tener sexo con menores tutelados por la Diputación de Álava han llegado a un acuerdo de conformidad y han aceptado penas de cárcel que van de 1 a 13 años de prisión en el arranque del juicio por estos hechos.
Este lunes ha comenzado en la Audiencia Provincial de Álava la vista contra los diez acusados por delitos de corrupción de menores, abuso sexual, exhibición de pornografía ante menores y delitos contra la salud pública.
Este caso se descubrió en 2016 cuando la Ertzaintza empezó a investigar a varios hombres que presuntamente abusaron de menores de un centro de Vitoria que acogía a jóvenes con problemas de comportamiento cuya tutela había sido retirada a sus progenitores.
En el inicio de este juicio tres de ellos han reconocido los hechos, han mostrado su arrepentimiento, se han comprometido a no reincidir y han aceptado las penas que les ha impuesto el tribunal tras el acuerdo de conformidad, que serán recogidas en una sentencia posterior.
Uno de los tres acusados ha aceptado una pena de 13 años y 4 días de cárcel por dos delitos continuados de corrupción de menores y otros dos delitos de abuso sexual, uno de ellos continuado. Además se le ha impuesto libertad vigilada durante 5 años tras salir de la cárcel.
El segundo de los acusados ha aceptado una condena de 7 años y 2 días de cárcel por un delito continuado de corrupción de menores y otro de abuso sexual continuado. También se le impone libertad vigilada durante 5 años tras cumplir la pena de cárcel.
El tercero de los procesados que ha alcanzado un acuerdo de conformidad ha sido condenado a un año y un día de cárcel por un delito de corrupción de menores y a 3 años de libertad vigilada.
A la hora de acordar las penas se ha reconocido la atenuante muy calificada de reparación de daño.
El tribunal, con el acuerdo del resto de las partes personadas en la causa, Fiscalía y acusaciones particular (Diputación de Álava) y popular (Asociación Clara Campoamor), ha decidido dar por concluido el juicio para estos tres acusados.
La vista continúa para los otros siete para quienes la Fiscalía pide penas que suman cerca de 200 años de cárcel.
Este caso saltó a la luz en noviembre de 2016 cuando se conoció que la Ertzaintza estaba investigando a varios hombres por pagar por tener sexo con menores tutelados por la Diputación tras recibir una denuncia del director del centro de Sansoheta de Vitoria.
En el proceso judicial también está personada como acusación particular la Diputación de Álava que se ha adherido a la petición del Ministerio Fiscal y la Asociación Clara Campoamor como acusación popular que reclama penas que oscilan entre 3 y 29 años de cárcel para los acusados.