Las dimensiones y virulencia de los incendios registrados este año en España se deben a la gran carga de combustible acumulada en el medio forestal durante décadas, según Distrito Forestal, que calcula que para defender los bosques de las llamas habría que invertir unos 1.200 millones de euros al año.
En lo que va de año, han ardido unas 300.000 hectáreas forestales y se han declarado 55 grandes incendios (más 500 hectáreas), la mayor cifra en lo que va de siglo y muchos de ellos calificados de "sexta generación", aquellos capaces de modificar la meteorología de lugar y que superan la capacidad de extinción por la cantidad de energía que liberan.
La causa, la gran carga y continuidad de combustible acumulado en el monte por el abandono rural, la ausencia de inversión para su cuidado y una normativa cada vez más restrictiva, derivada de un "ecologismo ajeno a la realidad del medio rural y que ha idealizado la naturaleza sin fundamento técnico, científico ni experimental", según los ingenieros de montes agrupados en Distrito Forestal.
Esta acumulación, unida a unas condiciones climáticas cada vez más duras (sequías y olas de calor) provoca que lo que antes eran incendios que podían controlarse, ahora tomen unas magnitudes de tal intensidad de energía que superan la capacidad de extinción de los medios.
Para Distrito Forestal, la solución pasa por retornar a una gestión forestal sostenible y ordenada que, además de reducir la frecuencia y magnitud de los incendios, generaría numerosos beneficios ambientales, sociales y económicos, así como un importante e inmediato retorno a las arcas públicas.
Para desplegar esa gestión, los Presupuestos Generales del Estado deberían contar con un partida transferible a las autonomías dotada, al menos, con 1.200 millones de euros para tratamientos silvícolas de monte arbolado (610 millones), desbroce de matorrales (450 millones) y ordenación de montes (34 millones).
MÁS DE 30.000 EMPLEOS AL AÑO
Esta inversión permitiría crear miles de puestos de trabajo, pues se calcula que cada millón de euros invertido en tratamientos silvícolas genera entre 25.000 y 30.000 empleos, a los que se sumarían los que se necesitan para crear y mantener infraestructuras de defensa contra incendios forestales (entre 5.000 y 6.000 por cada 50.000 hectáreas).
En total, se generarían entre 30.000 y 36.000 empleos equivalentes al año, lo que permitiría reducir la tasa de paro en las zonas rurales, incrementar la actividad económica en ellas y, por ende, fijar población en la "España vaciada".
A nivel ambiental, esta inversión reduciría el riesgo estructural de incendio forestal, mejoraría las condiciones vegetativas de los bosques y su resistencia a episodios adversos climáticos y ataques de enfermedades y plagas o elevaría su capacidad para captar CO2.
Además, en determinadas zonas como, por ejemplo, las cuencas del Segura, Júcar o Pirineo, la reducción de la carga de biomasa sobre el medio supondría una apreciable mejora de la disponibilidad hídrica.
Desde el punto de vista productivo, los tratamientos selvícolas dan biomasa para fabricar pasta celulosa, tableros o generar energía, lo que redundaría en la disminución de la dependencia energética del exterior, abarataría el coste de la energía y fomentaría la economía verde circular.
SÓLO SE APROVECHA EL 40 % DEL POTENCIAL
Según el informe elaborado por Distrito Forestal, la carga de biomasa de los montes españoles se incrementa de manera apreciable año tras año, pues sólo se retira, mediante cortas de madera y leña, el 40 % de lo que podría extraerse de manera sostenible.
"El nivel de aprovechamiento de los montes españoles presenta aún un enorme recorrido, especialmente en determinadas comunidades autónomas" donde el peso de las cortas es muy reducido: Andalucía (2 %), Aragón (8 %), Baleares (4 %), Comunidad Valenciana (2 %), Madrid (2 %) o Murcia (1 %).
En España, gobierno central y autonomías presupuestan unos 1.000 millones de euros al año para prevención y extinción de incendios, según diversos estudios consultados por EFE, que revelan que el coste de apagar un fuego oscila entre 4.000 y 10.000 euros por hectárea, dependiendo del número y tipo de medios que intervengan.
Al coste de apagar las llamas, hay que sumar las pérdidas ambientales y económicas que conlleva un fuego, así como la inversión necesaria para restaurar la zona arrasada.
Según un estudio de la Universidad de Salamanca, las pérdidas de servicios ecosisteméticos provocadas por el incendio que ha arrasado este verano la Sierra de la Culebra (Zamora) podrían ascender a 71,5 millones, mientras que los sindicatos calculan que sólo por la madera ardida se han perdido 150 millones de euros.
