¿Cuáles son los límites de la mujer para decidir durante el parto?

Un juez de Las Palmas de Gran Canaria ha reconocido que en el parto de una mujer a la que no se dejó elegir entre alumbramiento natural o cesárea existió "violencia obstétrica", un concepto que se quedó fuera de la reforma de la ley del aborto pese a los intentos del Ministerio de Igualdad, pero que ha sido reconocido por la ONU y por la Unión Europea.

La abogada especializada en derechos reproductivos Francisca Fernández explica a EFE que se entiende por violencia obstétrica la apropiación por parte del personal médico del poder de toma de decisiones de las mujeres en lo relativo a su embarazo y parto, como la inducción del mismo por conveniencia del médico, hacer cesáreas o episiotomías "por rutina" o separarlas de sus hijos.

Este término también incluye otras prácticas como el maltrato físico, verbal o psicológico, la privación del derecho a la intimidad de las mujeres, el sobreintervencionismo o el abandono de las pacientes.

"No es que las mujeres podamos pedir una cesárea por capricho, ni nosotras ni ningún paciente tenemos derecho a exigir una cirugía que no está indicada", explica Fernández, quien no obstante apunta que los sanitarios sí están obligados a informar a los pacientes de las alternativas disponibles y a respetar su decisión, algo que no hicieron en el caso de Las Palmas.

LOS GINECÓLOGOS DEFIENDEN LOS CRITERIOS MÉDICOS
La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), por el contrario, defiende que los obstetras tienen que actuar basándose en las guías de asistencia práctica de la SEGO "y no en las preferencias de la paciente", que solo serán tenidas en cuenta "en la medida que sea posible", según un comunicado publicado este viernes.

"La decisión de la vía del parto será responsabilidad del obstetra y la decisión de realizar una cesárea se hará solamente cuando está correctamente indicada, no a petición de la paciente", avisan.

LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA EN LA LEY DEL ABORTO
Igualdad trató de incluir el término violencia obstétrica para referirse a las malas prácticas cometidas contra las mujeres durante el embarazo y el parto en la modificación de la ley de salud sexual y reproductiva, pero finalmente renunció a dicha nomenclatura ante el rechazo del ala socialista del Gobierno y el ámbito ginecológico.

La ley, cuya reforma se aprobó el pasado febrero, sí contempla políticas destinadas a la prevención de estas malas praxis, como disminuir el intervencionismo, evitar prácticas innecesarias e inadecuadas y "reforzar las prácticas relativas al pacto respetado y al consentimiento informado de la paciente".

Así, en su artículo 27 la norma subraya la necesidad de "requerir de forma preceptiva el consentimiento libre, previo e informado de las mujeres en todos los tratamientos invasivos durante la atención del parto, respetando la autonomía de la mujer y su capacidad para tomar decisiones informadas".

Además, el texto reconoce como "formas de violencia contra las mujeres en el ámbito de la salud sexual y reproductiva" los abortos, la estirilización y la anticoncepción forzosos.

ESPAÑA HA SIDO CONDENADA POR VIOLENCIA OBSTÉTRICA
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) dependiente de la ONU ha emitido tres condenas contra España por casos de violencia obstétrica, aunque ninguna de las víctimas ha sido compensada por daños físicos y psicológicos por parte de los tribunales españoles.

Sobre esto alertó la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, que en un reciente informe se mostró "preocupada" por los "estereotipos de género por parte de personal de salud durante el embarazo y el parto" a los que se enfrentaron estas mujeres y pidió a España que las indemnizara.

El Parlamento Europeo también aprobó en 2021 una resolución en la que instaba a los Estados miembros a "combatir la violencia ginecológica y obstétrica".

Asimismo, en 2014 la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un documento en el que, pese a que no se mencionaba el término como tal, sí alertaba del "trato irrespetuoso, ofensivo o negligente durante el parto" que sufrían muchas mujeres.

"Hay todo un cuerpo de reconocimiento y conocimiento sobre este tema", resalta Fernández, quien lamenta que su reconocimiento por parte del Gobierno "choca con los intereses o la ignorancia del colectivo médico", algo que le parece "inexcusable".

"Las mujeres no tenemos poder si el colectivo médico sigue empeñado en no modificar sus prácticas", lamenta la experta.