El Gobierno ha probado hoy el anteproyecto de Ley de Parques Nacionales para ampliar las competencias del Estado y garantizar "que haya siempre un garante último" de estos espacios naturales, cuyo número, quince, "se busca ampliar en un futuro".
Así lo ha informado hoy la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La futura norma aspira además a crear la marca Parques Nacionales de España y a instaurar órganos de coordinación para vigilar las actividades que se desarrollen dentro de los mismos, manteniendo la prohibición de actividades como la caza y la pesca, la edificación y la tala con fines comerciales.
Pero los Parques Nacionales, según Medio Ambiente, deben ser capaces de ofrecer ciertas formas de aprovechamiento y deben también abrir más su gestión a la sociedad, y para ello se prevén acciones para el desarrollo territorial como ayudas técnicas, económicas y financieras en las áreas de influencia.
En cuanto a las competencias del Estado, la norma contempla la intervención del mismo dentro de los parques para casos de catástrofe o situaciones extremas que pueden poner en peligro sus valores ecológicos, como puede ser un incendio forestal.
Se trata, según Medio Ambiente, de una "importante novedad que subsana un vacío legal".
En este sentido, el nuevo texto normativo atribuye al Organismo Autónomo Parques Nacionales -dependiente del MAGRAMA- la potestad de declarar una emergencia, bien por propia iniciativa o de las comunidades autónomas.
El Ejecutivo ha asegurado que estas figuras de protección serán "compatibles" con la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), del 4 de noviembre de 2004, que declaró que la gestión ordinaria de los Parques Nacionales recaía sobre las comunidades autónomas.
En la actualidad, existen 15 Parques Nacionales que ocupan una superficie de 380.983 hectáreas y acogen una gran riqueza de fauna y vegetación, las especies más emblemáticas del país.
La última incorporación ha sido la Sierra de Guadarrama, situado entre Madrid y Castilla y León.
Además y con el objetivo de asegurar su estado de conservación, el Estado se reserva la posibilidad de intervenir, con carácter excepcional, cuando disponga de datos que indiquen que un Parque Nacional se encuentra en un estado desfavorable y los mecanismos de coordinación no resultan eficaces para garantizar su conservación.
La futura norma crea dos órganos dedicados específicamente a la coordinación:el Comité de Colaboración y Coordinación y la Comisión de Coordinación para cada uno de los Parques Nacionales situados en territorios de varias comunidades autónomas.
El anteproyecto, ha explicado el ministerio, es "muy exigente" con las características medioambientales y sociales que deben tener los territorios sobre los que se declaren nuevos Parques Nacionales y, en particular, aumenta su superficie mínima requerida de 20.000 a 25.000 hectáreas.
Asimismo se incorpora la posibilidad de ampliar Parques Nacionales ya declarados, con áreas marinas exteriores colindantes, algo que no recoge la normativa actual, así como la integración de los habitantes del entorno de los Parques y de los titulares de derechos en su interior.
Incluye el desarrollo sostenible del entorno de los Parques e introduce como novedad programas piloto que activen la economía sostenible de la zona y potencien el empleo verde.
