La seguridad de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) ha generado posiciones enfrentadas en las alegaciones para el proceso de reapertura de la planta, cuyo plazo finaliza este viernes 21 de julio, en las que Castilla y León y la Asociación de Municipios de Áreas Nucleares (AMAC) apoyan la reapertura, frente a la negativa del País Vasco y las ONG ecologistas.
En declaraciones a Europa Press, la consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha asegurado que en las alegaciones presentadas por la Junta se ha pedido la continuidad Garoña porque el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) "ha garantizado" la seguridad, mientras que, de producirse el cierre, "la merma en la actividad económica y el empleo serían inasumibles".
En esta línea, aunque con condiciones, AMAC se ha pronunciado también a favor de la "continuidad de la explotación" de la planta en las alegaciones presentadas, "mientras se cumplan todos los requisitos de seguridad establecidos en el informe aprobado por el CSN".
Sin embargo, los municipios han pedido en sus alegaciones que se revise primero la "efectividad" del Plan de Emergencia Nuclear (PEN) y una "solución segura para almacenar los residuos" ya que el actual Almacén Temporal Individualizado (ATI) "no prevé el almacenamiento de todos los elementos de combustible incluidos en el reactor".
Además, AMAC ha señalado que "antes de la puesta en marcha" de la central nuclear, "debe disponerse de los planes de información a la población, del programa de formación de actuantes y del programa de simulacros".
No obstante, frente a las afirmaciones de la consejera Del Olmo sobre la "merma de la actividad económica", la AMAC ha destacado que el impacto que produce la existencia de una central nuclear en un determinado área tiende a "provocar un monocultivo industrial" que causa "grandes efectos negativos al finalizar la explotación". Por ello, también han pedido en sus alegaciones que "no se renueve la licencia sin que se conozcan primero los efectos socioeconómicos positivos y negativos" en el entorno.
Del otro lado, Greenpace, que ha presentado este viernes sus alegaciones, ha esgrimido las "deficiencias derivadas del informe del CSN, en cuanto al cumplimiento de las condiciones de seguridad", así como la "falta de un pronunciamiento sobre el plazo máximo de vigencia".
Además, la organización ecologista ha alegado que existen "incumplimientos" de la Evaluación de Impacto Ambiental y que los "costes medioambientales e intrageneracionales" de reabrir la central nuclear son "muy elevados".
Asimismo, la ONG ha incluido en su escrito las "alteraciones" del procedimiento previsto en el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR) y la "contradicción" en la que incurre la autorización de explotación debido a que sería para "no cargar combustible ni producir electricidad".
Por todo ello, Greenpace ha pedido al Ministerio de Energía que "finalice con el espectáculo" sobre Garoña, al tiempo que ha señalado que "parece que solo el Ministerio de Energía quiere mantener la planta en funcionamiento", después de que la operadora de la central, Nuclenor, participada a partes iguales por Iberdrola y Endesa, no haya llegado a un acuerdo sobre el futuro de la planta.
Por su parte, EH Bildu ha informado que el Parlamento Vasco también ha presentado este viernes sus alegaciones al proceso de Garoña, y ha señalado que pleno de la Cámara vasca aprobó el pasado 6 de abril una proposición no de Ley que recogía el compromiso del Parlamento de "emplear todos los recursos a su disposición para impedir la reapertura de la central nuclear de Garoña".
La Rioja, otra de las 11 entidades personadas en el proceso, ya adelantó a Europa Press que no presentaría alegaciones pero que instaría al Gobierno al desmantelamiento de la central. Mientras tanto, Nuclenor tampoco ha presentado alegaciones por falta de acuerdo entre Iberdrola y Endesa. Por su parte, Ecologistas Acción, al igual que Greenpace, también afirmó que "la apertura de Garoña es una temeridad".
El CSN emitió a principios de febrero de este año un informe favorable a la renovación del permiso de explotación de la planta burgalesa y según la legislación vigente es el Gobierno quien tiene la decisión en sus manos. Así, tras conocerse el informe, el Ministerio señaló que abriría un periodo de seis meses para conocer y recabar las opiniones de todas las partes interesadas y un periodo de alegaciones que termina este viernes.
