Las interrupciones voluntarias de embarazo (IVE) aumentaron en 2019 hasta las 99.149, en comparación con las 95.917 del año anterior, es decir, un aumento del 3,37 por ciento. Así, la tasa se sitúa en 11,53 abortos por cada 1.000 mujeres de 15 a 44 años, frente al 11,12 de 2018, según los datos del informe del Ministerio de Sanidad correspondientes a 2019, publicado este martes.
En el informe anterior, la subida fue del 1,91 por ciento respecto a 2018. Los datos se sitúan muy por debajo de 2010, último año con la regulación anterior a la actual, cuando se registraron 113.031 interrupciones voluntarias del embarazo, con una tasa de 11,49 por cada 1.000 mujeres.
El pasado año, 341 niñas menores de 15 años tuvieron una interrupción voluntaria del embarazo (frente a 310 el año anterior); hasta 19 años fueron 10.038 casos (9.518 en 2018); de 20 a 24 se dieron 20.938 casos (20.595 en 2018); de 25 a 29 años 21.882 (20.876 en 2018); de 30 a 34 años 20.392 (19.856 en 2018); de 35 a 39 años fueron 17.331 (16.953 en 2018); de 40 a 44 años fueron 7.566 (7.201 en 2018); y en mayores de 44 años se dieron 661 casos (608 en 2018).
En el grupo de mujeres menores de 20 años también se ha registrado un aumento, con 10.379 interrupciones, frente a 9.828 en 2018. La mayoría (6.896) interrumpe su embarazo antes de la semana 8 de gestación.
La propia petición de la mujer es un año más el motivo alegado para la interrupción, con 90.124, seguida del grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada (5.798), el riesgo de graves anomalías en el feto (2.907) y, muy minoritariamente, por anomalías fetales incompatibles con la vida (313).
Del total de 99.149 interrupciones, hasta 37.588 no utilizó ningún tipo de método anticonceptivo, 12.411 no costa que los utilizara, 445 otros métodos, 16.660 hormonales, mecánicos 1.285, de barrera 26.532 y naturales 4.228.
Un total de 12.746 interrupciones se realizaron en el ámbito hospitalario (6.143 en centros públicos y 6.603 en privados). Mientras tanto, 86.403 procedimientos de este tipo se produjeron de forma extrahospitalaria (8.055 en centros públicos y 78.348 en privados).
De las 99.149 mujeres que se sometieron a una interrupción voluntaria del embarazo en 2019, dentro de las que tienen hijos, 9.532 vivían solas, 33.384 en pareja, 6.681 con padres y/o familiares y 989 con otras personas. En la categoría de aquellas sin hijos, 10.565 no convivían con nadie, 13.133 estaban en pareja, 19.058 vivían con padres y/o familiares y 2.361 con otras personas.
POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Por comunidades autónomas, la mayor tasa de interrupciones voluntarias del embarazo se ha registrado en Cataluña, con 14,72 casos por cada 1.000 mujeres entre 15 y 44 años, por encima de los 14,04 casos de 2018. En el segundo puesto se encuentra Baleares, con 13,88 casos aunque prácticamente se mantiene con respecto al año anterior (13,94 casos); Madrid sigue en tercer lugar con 13,05 casos (12,74 en 2018); y, por encima de la media nacional, le sigue Asturias con 13,03 (sube de los 12,65 de 2018); Murcia asciende a 12,07 (11,68 en 2018); Canarias con 12,10 casos sube con respecto a 2018 (11,56) y Andalucía que también sube: 11,98 casos (11,29 en 2018).
Por debajo de la media, País Vasco con 10,47 casos, en 2018 fueron 10,03; Aragón con 9,03 casos baja respecto a los 9,19 casos por cada 1.000 mujeres de 2018; Comunidad Valenciana sube con 9,47 casos (9,17 en 2018); le sigue Castilla-La Mancha con 8,66 casos (7,99 en 2018); Navarra con 8,31 casos (7,88 en 2018); Cantabria sube con 8,45 casos (7,75 en 2018); La Rioja baja hasta 6,18 casos (6,91 en 2018); Extremadura se sitúa en 6,43 casos (frente a 6,71 el año anterior); Castilla y León sube con 7,05 casos (6,60 en 2018); Galicia desciende con 6,41 (6,50 el año pasado), y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla bajan con 2,26 casos (3,50 el año anterior).
Por otro lado, el perfil según la nacionalidad arroja que el 64,13 por ciento eran españolas (65,29% en 2018); un 6,99 por ciento de la Unión Europea (7,5% en 2018), un 1,02 por ciento en el resto de Europa (1% el año anterior); un 5,26 por ciento africanas (5% en 2018); un 19,97 por ciento del continente americano (18,52% en 2018), siendo el 14,34 por ciento de América del Sur (13,66% en 2018); y de Asia un 2,45 por ciento (2,5% en 2018).
En cumplimiento de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (2010), a partir del próximo 1 de enero, la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud (SNS) incluye un nuevo anillo vaginal anticonceptivo. Con ello, desde 2019, la sanidad pública financiará un total de ocho presentaciones de anillos vaginales. Se trata de anticonceptivos de larga duración.
Además, el Ministerio de Sanidad continúa desarrollando la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva, que también recoge la norma y hasta hace dos años se encontraba inactiva. Entre sus objetivos, destaca la necesidad de prevenir infecciones de transmisión sexual (ITS), embarazos no deseados y abortos a través de una educación afectivo sexual y reproductiva adecuada.