La representación de la anciana que presuntamente fue agredida sexualmente por su hijo en dos ocasiones en 2018 ha pedido que el acusado ingrese en prisión provisional a la espera de juicio, tras constatar que aún no le ha sido instalada la pulsera que debía permitir el control telemático del hombre.
El acusado, de 51 años, se enfrenta a una petición de 26 años de cárcel por parte de la Fiscalía de Gipuzkoa que le acusa de maltratar, amenazar y violar a su madre, de 72 años, así como de agredirla sexualmente en dos ocasiones en el domicilio donde la mujer lo había acogido "por pena" cuando salió de la cárcel.
A raíz de estos hechos, por los que la acusación particular que ejerce la víctima reclama 19 años y medio de prisión, la mujer sufre "afectación psicológica" y "una gran vulnerabilidad psicoafectiva", entre otras dolencias.
La víctima denunció lo ocurrido el 18 de abril de 2018, fecha en la que un juzgado de San Sebastián dictó una orden de protección que, según los documentos a los que ha tenido acceso EFE, el hombre ha infringido en una ocasión, aunque también tiene abierto un segundo proceso judicial por otro presunto quebrantamiento.
En este contexto, la acusación particular y la Fiscalía de Gipuzkoa reclamaron el pasado enero que el hombre fuera ingresado "de forma urgente" en prisión provisional a la espera de juicio, debido a la "entidad" de los hechos que se le imputan, al riesgo de fuga, a la avanzada edad de la mujer y al "terror fundado que tiene a salir a la calle" por la posibilidad de "reiteración delictiva" de su hijo.
No obstante, la Audiencia de Gipuzkoa decidió no acordar esta medida y la sustituyó por la implantación de una pulsera de control telemático, algo que finalmente no ha sido posible ejecutar, por lo que en la actualidad el procesado solo está sometido a la prohibición de acercamiento y comunicación con la víctima.
Se da la circunstancia de que, en el tiempo transcurrido desde entonces, el hombre ha trasladado su domicilio a un lugar en el que no respeta la distancia de alejamiento acordada por el juzgado para la protección de la víctima y, paralelamente, ha sido procesado por el segundo presunto caso de quebrantamiento.
Estos hechos, junto a la no colocación de la pulsera telemática de control, han llevado ahora a la acusación particular a solicitar el ingreso en prisión provisional del acusado a la espera de juicio, asunto que será dilucidado en una próxima comparecencia judicial.
