La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) y LA UNIÓ Llauradora i Ramadera acusan a la Generalitat Valenciana de "derrochar 795.000 euros para los juicios contra los expropiados" de Parc Sagunt II donde se proyectan la gigafactoría de baterías de Volkswagen y las industrias auxiliares.
Las organizaciones agrarias critican que Espais Econòmics Empresarials (EEE), participada por la Generalitat y el Gobierno central, haya publicado una licitación con un valor estimado de 700.000 euros para contratar los servicios de asesoramiento y defensa letrada ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Las asociaciones señalan que EEE ya ha adjudicado por otros 95.000 euros la contratación de procuradores para "esta misma guerra judicial", siendo el adjudicatario a un despacho de abogados madrileño.
Asimismo, LA UNIÓ y AVA-ASAJA recriminan a la Administración "querer quedarse tuerto para que tu enemigo se quede ciego" y le acusan de "preferir gastarse el dinero público en abogados madrileños antes que en agricultores valencianos".
Además, recuerdan que EEE ha decidido ir a los tribunales a pesar de que "en la mayoría de procesos se suele tener en cuenta el justiprecio que avala el jurado provincial de expropiación, un órgano oficial de la propia Administración que goza de los principios de legalidad, veracidad y acierto".
El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, y el secretario general de LA UNIÓ, Carles Peris, tachan de "kafkiano y ridículo el teatro que está montando la Administración al recurrir contra la valoración del jurado de expropiación, con amplia presencia de la Administración, y al ofrecer a los expropiados que los defienda la abogacía del Estado si deciden no personarse, que naturalmente pagará con dinero del Estado para enfrentarse a la misma Administración".
Petición a Ximo Puig
Ambas asociaciones han remitido una carta conjunta al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, con el objeto de "solicitarle un punto de encuentro que permita proporcionar una solución beneficiosa para los propietarios de los terrenos".
La carta señala que "el máximo representante de las valencianas y los valencianos tiene una excelente oportunidad para demostrar que está a nuestro lado y que desea que la iniciativa empresarial de Volkswagen sea positiva para el conjunto de la sociedad y no se pague a costa del bolsillo de los agricultores".
