Según la calificación fiscal a la que tuvo acceso Europa Press, la promotora acusada, sin haber obtenido la preceptiva licencia municipal, procedió a la construcción de una vivienda de unos 60 metros cuadrados en una parcela situada en pago Pinillo también conocido como Serones, que constituye suelo clasificado como no urbanizable.
Así, en noviembre del año 2000, el arquitecto técnico acusado emitió un certificado de antigüedad de la construcción llevada a cabo, a los efectos de declaración de obra nueva, haciendo constar que la misma tenía una edad constructiva no inferior a cinco años.
No obstante, en la ortofotografía del terreno del año 2000 aparecen dos viviendas en construcción, en la revisión de campo del año 2003 continúan en construcción y en el año 2004 aparecen terminadas.
Por todo ello, la Fiscalía acusó a la promotora de un delito contra la ordenación del territorio y otro de falsedad en documento oficial, mientras que al arquitecto técnico lo acusó de un delito de falsedad en documento oficial.
