El sueldo de ministro que se ha puesto el presidente de una comunidad de propietarios de Estepona (Málaga) ha puesto el foco en el descontrol que viven muchas entidades vecinales de la Costa del Sol, convertidas en lucrativas fuentes de ingresos para sus presidentes y administradores, que han visto en ellas a la gallina de los huevos de oro.
El representante de Torre Bermeja, Stephen Hills, al que sus vecinos han denunciado, se embolsará este año 96.244 euros (86.724 en concepto de servicios profesionales y 9.520 correspondientes a las cuotas que se ha eximido de pagar) con cargo al presupuesto de su urbanización.
Este jubilado británico de 68 años afincado en la Costa del Sol, que se presenta a sí mismo en su perfil laboral en la redes sociales como diseñador de interiores y presidente del complejo de lujo en el que reside, lleva casi 20 al frente de la comunidad y vive a cuerpo de rey, aunque sus vecinos no le conocen actividad profesional alguna.
Bajo el amparo del administrador de la finca, cuyo negocio se encuentra en este momento 'cerrado temporalmente', y gracias al apoyo incondicional de un grupo de propietarios a los que ayuda en la gestión de sus viviendas, hace años que Hills logra sacar adelante todas sus decisiones, su salario y su exención de pagar la comunidad.
Ley de propiedad 'absolutamente desfasada'
El problema radica en que las comunidades de propietarios están regidas por una Ley de Propiedad Horizontal del año 60 que está "absolutamente desfasada" y que no responde a la realidad, explica a EFE el abogado que representa a la denunciante de Torre Bermeja, David Valadez.
El de Hills en Estepona no es un caso único. En Marbella, el juzgado de instrucción número cuatro investiga al presidente de la comunidad de propietarios de Cabopino, Gianni Fienno, y a la administradora, Michelle van Gaalen, por un posible delito contra el patrimonio.
Van Gaalen, administradora de profesión, se hizo cargo de la empresa de administración de fincas Servicios Alcántara cuando su pareja sentimental y fundador de la misma, Ángel Nozal (también investigado en una causa en relación a esta comunidad), se postuló para la alcaldía de Mijas (Málaga).
Un grupo de propietarios de Cabopino fueron los primeros en alzar públicamente la voz al detectar una serie de presuntas irregularidades en la gestión de la urbanización.
Quisieron ver los números, pero no se los dieron y tuvieron que recurrir a la justicia, que acabó abriendo diligencias por posible falsedad documental y contable en la referida comunidad, ya que se observan "características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal", precisa el escrito del juzgado al que ha tenido acceso EFE.
Comunidades "secuestradas"
"Esta administración tiene secuestrada a la comunidad", comenta una de las propietarias denunciantes, Maribel Gómez, que explica que Servicios Alcántara lleva más de 35 años al frente del vecindario y "cambia al presidente cuando quiere".
En Cabopino, Gianni -que ha aprobado contratarse a una asistente- está en el cargo desde hace más de quince años, relata Gómez, "poco a poco se ha acomodado" y con el adecuado asesoramiento de la administración "ha ido aprovechando las ventajas de ser el presidente".
"Paga a destiempo (la comunidad) y, aún así, se ha beneficiado de los descuentos por pronto pago", apunta Gómez, que asegura que Van Gaalen alega que el moroso es el inquilino, sin saber que en España, a diferencia de lo que ocurre en el Reino Unido, el pago de la comunidad es obligación del propietario.
"Se rodea de amigos y compra los votos con favores a los propietarios", añade Gómez.
Fondos con destino dudoso
Una situación similar viven los propietarios de la urbanización marbellí Lomas de los Monteros, donde han denunciado al presidente de la comunidad y al administrador por transferir a sus cuentas 30.000 euros, explica a EFE Susana Sánchez, propietaria de una de las casas.
En su caso, el juzgado les ha emplazado a tramitar su queja por la vía civil y no la penal al entender que se trata de "cosas de comunidad". Sánchez afirma que se sienten "desamparados".
Paga 6.000 euros anuales de comunidad (500 euros al mes), una cantidad similar a la que abonan los propietarios de Cabopino y algo inferior a la de Torre Bermerja, y al igual que ellos está preocupada por cómo se gasta ese dinero.
Le llamó la atención que "se estaba pagando el doble y el triple" por los servicios de la comunidad, que no se presentaban las cuentas ni se aprobaban presupuestos o que se había gastado una indemnización de más de 600.000 euros que les había dado la promotora sin justificación alguna.
Se puso a indagar y pidió una auditoría, que se aprobó pero que no se ha realizado, señala, y así se convirtió en "la vecina incómoda y díscola que protesta" y empezó a sufrir el acoso de algunos de los propietarios afines al "gobierno" de la comunidad, relata.
La actuación de los presidentes se realiza a menudo con la complicidad de vecinos a los que se favorece y la pasividad de otros, mientras el administrador mira hacia otro lado porque de algún modo también se beneficia de la situación o, incluso, la facilita, apunta Sánchez.
En 2019 fue detenido en una operación policial el expresidente del Colegio de Administración de Fincas de Málaga y Melilla, Fernando Pastor, por presuntamente desviar más de 100.000 euros de la comunidad de propietarios de La Alcaidesa, en Cádiz, hacia sus propias cuentas bancarias, aunque la cantidad administrada fraudulentamente alcanzó los 600.000 euros.
