En este asunto el primero en intervenir fue el ex-socialista Francisco Zamorano quien comenzaba recordando que en este crédito que se quería aprobar no se incluía los más de 27 millones de euros de facturas no reconocidas hasta la fecha "escondidas en los cajones" ni tampoco las facturas generadas en el presente ejercicio.
El edil leía parte del informe de Intervención en el que se precisaba que a día de hoy el Ayuntamiento no tiene capacidad para hacer frente a las obligaciones que se generen y que incluso no hay dinero ni para poder pagar la apertura del crédito.
Pero Zamorano fue más contundente al señalar que la “gran mentira de Valadez” es que ese dinero, esos más de 38 millones de euros, fuesen para pagar a los pequeños y medianos proveedores y autónomos del Ayuntamiento ya que casi el 80% del total se iba a destinar a pagar a Mancomunidad y Diputación y a grandes constructoras, señalando, además, que para poder pagar ese crédito se obligaría el Ayuntamiento al pago de 900.000 euros mensuales que vendrían procedentes de los anticipos del Patronato de Recaudación por lo que se preguntaba de dónde se iba a sacar para pagar las nóminas.
Las argumentaciones Zamorano fueron también enfocadas contra las previsiones de ingresos que David Valadez había contemplado en el plan donde, apuntaba, “el alcalde pide a Urbanismo un informe que, como no había ningún técnico dispuesto a firmarlo, él mismo se lo firma y se lo devuelve”, recordando que los 68 millones de euros contemplados como previsión de ingresos desde esa área “es más de todo lo ingresado en toda etapa de la burbuja inmobiliaria”.
Así, recordó que en el informe se habla de la construcción de 12.624 nuevas viviendas en los próximos seis años “cuando según informes del Colegio de Arquitectos que he solicitado en el año 2.008 se visaron 571 viviendas, en 2007 fueron 1.100 y en lo que va de año no llega a 300”y que, según el Patronato de Recaudación, sólo contempla 4.500 nuevas viviendas y, además, se elimina la subvención del IBI para los empadronados a partir del próximo año.
Respeto a las reducciones en el capítulo de Personal anunciadas por el alcalde y que para Zamorano eran poco más que anecdóticas, éste recriminaba a Valadez que en ninguna de sus intervenciones en los medios de comunicación no hubiese dicho que esas reducciones, caso de producirse, se producirían en los años 2013 y 2014.
Ante todos estos condicionantes, Francisco Zamorano, que además criticó la presencia de informes de personal de confianza en lugar de informes de técnicos municipales, anunciaba que, caso de aprobarse, llevaría el expediente a la Fiscalía y lo pondría en conocimiento del Banco de España.
A esta intervención respondía el alcalde, David Valadez, afirmando que aquí lo que se tenía que ver es sí se quiere o no se quiere pagar a los empresarios, asegurando que los informes de los cargos de confianza de los distintos departamentos tienen plena validez según un informe presentado por el secretario, aunque Zamorano aludía después a cinco sentencias del Tribunal Supremo que aseguran todo lo contrario.
En el límite del plazo
El portavoz del PP lamentaba que “como siempre” el tema se llevase a pleno a falta de cuatro días para que se cumpla el plazo establecido. “¿Por qué siempre se trae todo a última hora y sin que de tiempo al consenso?” se preguntaba Ignacio Mena que incidía en que, “una vez más se le pasa la pelota al siguiente”, al señalar que el crédito que se pensaba concertar se empezaría a pagar, tanto principal como intereses, por el equipo de Gobierno que resulte de las elecciones de 2011, “como ya ha ocurrido con el pago a la Seguridad Social y Hacienda”. Además, criticaba que con el plan de saneamiento que se llevaba expresamente para poder pedir este crédito había algunas cuestiones que nadie había dicho en los medios de comunicación, como es la retirada de la subvención del IBI a partir de 2010 o los recortes de gastos que iba a afectar a las becas de estudios y deportivas, a los uniformes de los bomberos y personal municipal, a las subvenciones a las fiestas de las barriadas y a la ayuda que se da a los pescadores con motivo del paro biológico.
Desde el PES, Juan Manuel Rodríguez criticaba al alcalde el retraso en la presentación de este asunto al pleno y a que no se hubiese consensuado con todos los concejales, incluidos los no adscritos. Manuel Reina, por su parte, aseguraba que “sólo se pagará a unos poquitos empresarios esteponeros porque más del 80% se lo van a llevar las grandes corporaciones empresariales y las instituciones”.
Desde el equipo de Gobierno Rosa Díaz y Eduardo Alarcón intervenían para, la primera, recordar que esta no era una nueva deuda sino que era la deuda creada por todos, mientras que alarcón aludía a las consecuencias que se producirán por las reclamaciones de las grandes constructoras y los gastos que ello supondrá para el Consistorio.
La oposición le da una salida al alcalde y le presenta un ‘Plan B’ a través de la Junta
Después del tenso debate, de cerca de tres horas, y una vez rechazada la operación de crédito, en el apartado de asuntos urgentes el Partido Popular presentaba una propuesta para que, al igual que ha ocurrido con Marbella, se le pidan esos 38 millones de euros y, en las mismas condiciones que a la localidad vecina, es decir, a pagar en veinte años.
Ignacio Mena, en su propuesta, consideraba que en ese plazo sí podría ser asumido por el Ayuntamiento el pago y no en el propuesto durante el pleno de sólo seis años con dos de carencia.
En este punto, aunque hubo opiniones para todos los gustos, desde la del portavoz de IU, Eduardo Alarcón, que señalaba que mejor que 38 se pidiesen, igual que en Marbella, 100 millones de euros, “porque seguro que luego se rebajarán”, o la de Francisco Zamorano que solicitaba que el importe del dinero a pedir a la Junta fuese el equivalente al remanente negativo de Tesorería más las facturas sin reconocer, que aproximadamente sumarían unos 90 millones de euros.
Finalmente, la propuesta del Partido Popular quedaba exactamente igual que como se presentó y recibía el apoyo unánime del pleno, es decir, solicitar a la Junta de Andalucía un préstamo de 38 millones de euros a pagar en veinte años.
Este ‘Plan B’ fue valorado por todos como mucho más ventajoso que el que pretendía el equipo de Gobierno aprobar si bien que, ahora, queda en manos de la Junta y su voluntad política, la concesión del mismo.
