El Banco de España propone que Caja Castilla-La Mancha (CCM) y su ex Consejo de Administración sean sancionados por dos faltas “muy graves”, además de otra grave, así como importantes sanciones e inhabilitaciones de hasta diez años para sus ex consejeros debido a deficiencias en cuanto a su política de gestión, inversión y concesión de créditos.

Las faltas calificadas como “muy graves” pueden suponer la “revocación” para que una entidad pueda operar, si bien fuentes financieras destacaron que el Banco de España intervino la entidad para garantizar su gestión de futuro.

En abril, el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, aseguró que el objetivo es administrar la caja “el menor tiempo posible para buscar una salida ordenada” y destacó que con la intervención la entidad ha podido “seguir operando con normalidad y cumplir con todas sus obligaciones y compromisos”.

En su pliego de cargos contra los de antiguos consejeros, el organismo aprecia una “clara carencia de estructura organizativa, así como importantes deficiencias en los mecanismos para el control interno de las actuaciones inversoras, de su riesgo crediticio y del riesgo de concentración”.

Además, CCM carecía de unas líneas de responsabilidad bien definidas, transparentes y coherentes.

Respecto al ex presidente del Consejo de Administración Juan Pedro Hernández Moltó, el pliego de cargos recoge que a pesar de que no tenía funciones ejecutivas propias ni delegadas por el Consejo, “se integra de facto en el comité de dirección”.