Cumpliendo una de sus promesas de campaña, días atrás, el presidente brasileño Jair Bolsonaro firmó un proyecto de ley que contempla la apertura de las tierras indígenas a la minería. De ser aprobada por el Congreso, esta ley habilitaría la minería, la extracción de petróleo y gas y la construcción de hidroeléctricas en reservas indígenas en la Amazonia. Lo cual representa una verdadera amenaza no solo para las comunidades indígenas que allí habitan, sino también para los bosques tropicales de la Amazonía que se verían afectados por el incremento de la deforestación. Ya hemos sido testigos en agosto del año pasado, de las devastadoras consecuencias de la deforestación, cuando en tan solo un mes el fuego iniciado intencionalmente por agricultores y madereros ilegales, arrasó más de 2,5 hectáreas. Situación que podría empeorar aún más, de concretarse este proyecto.
Lo que para Bolsonaro es un sueño, para las comunidades indígenas es una pesadilla. Desde que asumió el poder, el presidente brasileño ha acusado a los pueblos indígenas de obstaculizar el desarrollo económico de los recursos minerales que se encuentran en sus tierras. Aunque la verdadera riqueza de estos territorios no se encuentra en los minerales, sino en las toneladas de carbono que almacenan. Según una investigación publicada por la revista científica Proceeding of the National Academy of Sciences, los territorios indígenas y las áreas protegidas de la Amazonia, almacenan el 58% de carbono. Además, según se desprende de la investigación, los bosques administrados por los pueblos indígenas presentan mejores resultados en la mitigación de emisiones de carbono que las áreas sin protección. Un dato que reafirma el rol crucial de los pueblos indígenas en la conservación de la integridad de las tierras. Una cualidad que identifica a las comunidades indígenas a lo largo del mundo.
Los pueblos indígenas son reconocidos mundialmente por ser los guardianes de la naturaleza Si bien los territorios indígenas abarcan el 22% de la superficie terrestre, también contienen el 80% de la biodiversidad del planeta. Lamentablemente, la conservación de estas áreas se ve ahora amenazada por el incremento de proyectos de explotación comercial de estas tierras sagradas. Un espejo de lo que sucede en Brasil, es lo que ocurre en Indonesia donde el presidente Joko Widodo alienta la tala indiscriminada de bosques y tierras tradicionales. A pesar de sus compromisos públicos de cero deforestación, Widodo continúa incentivando a empresas del sector del aceite de palma, de la pulpa y el papel, entre otras, a seguir destruyendo los bosques. Cabe recordar, que al igual que lo sucedido en Brasil, en 2019 en Indonesia se han producido importantes incendios forestales que han arrasado las selvas de Borneo y Sumatra, hogar de especies en peligro de extinción como el orangután. Los incendios fueron atribuidos a acciones intencionales en plantaciones de aceite de palma, caña de azúcar y madereras, entre otras.
Según Greenpeace, Indonesia no impuso sanciones civiles o administrativas graves a ninguna de las empresas que contaban con las superficies más grandes de tierras quemadas en sus concesiones entre 2015 y 2018. Entre ellas se destaca el mayor productor de papel de Indonesia, Asia Pulp and Paper (APP). Esta compañía forma parte del conglomerado chino-indonesio Sinar Mas, liderado por la familia Widjaja y acusado de limpiar bosques tropicales y destruir turberas para sus diversos negocios. Pero además, el grupo Sinar Mas reúne varias acusaciones en su contra por la violación de derechos humanos contra grupos indígenas. Paper Excellence, una de las empresas del grupo ha sido acusada de contaminar aguas fluviales en Nueva Escocia, Canadá, afectando a las comunidades asentadas en la zona. Por su parte, Asia Pulp and Paper ha sido acusada de avanzar sobre territorios de pueblos indígenas en Indonesia, estableciendo plantaciones en tierras incautadas a través del uso de la fuerza.
Como si fuera poco, investigaciones recientes demuestran que empresas como Asia Pulp and Paper, no solo no han recibido sanciones por parte del gobierno indonesio, sino que continúan llevado a cabo prácticas que impulsan la degradación de los bosques. Un estudio reciente publicado por una coalición de organizaciones de la sociedad civil en Indonesia, demuestra que varias empresas de la industria del papel, incluidas Asia Pulp and Paper y Asia Pacific Resources International Limited (APRIL), no cumplieron sus promesas de acabar con la deforestación. El gobierno indonesio, sigue mirando para otro lado.
A diferencia de Bolsonaro, Widodo no siempre ha demostrado abiertamente su sueño de explotar comercialmente los bosques. Durante su campaña, el mandatario indonesio se mostró en contra de la emisión de permisos para la explotación de tierras por parte de compañías extranjeras. Una vez en el poder, su discurso cambió por completo. Tal es así, que Widodo acabó pidiéndole a sus ministros que hagan la vista gorda y otorguen permisos lo más rápido posible y “con los ojos cerrados”. Los resultados están a la vista. La emisión indiscriminada de permisos beneficia a las compañías que explotan comercialmente los bosques, avasallando los derechos de las comunidades indígenas y propiciando la deforestación.
En lugar de autorizar el avance sobre las tierras indígenas y su converción en millonarios negocios, las autoridades deberían aprender de estos pueblos que tanto tienen para enseñar. Después de todo, son ellos quienes durante años han cuidado nuestros bosques, a través de la conservación y del manejo sustentable de los recursos naturales.
