La empresa concesionaria de la piscina cubierta, Global Sport Group 4, ha presentado alegaciones contra la decisión del Ayuntamiento de rescindir el contrato de gestión y mantenimiento de las instalaciones.
Así lo ha desvelado el portavoz del equipo de Gobierno, José Antonio Gómez, quien ha señalado que la documentación fue registrada el pasado viernes, último día del plazo fijado para ello, por lo que ahora será el Consejo Consultivo de Andalucía el que tenga que pronunciarse sobre este asunto emitiendo un dictamen, en un plazo no superior a los tres meses.
“El inicio del expediente de rescisión no tiene nada que ver con la pandemia, era por incompetencia manifiesta según el informe que teníamos sobre la mesa”, indicó el concejal, quien afirmó que “en base a ese dictamen llevaremos la resolución definitiva del contrato asumiendo lo que nos corresponda”. “Sobre el mantenimiento, ahora estamos en el momento en el que un técnico del área de Obras tendrá que ver cómo estaba la instalación cuando se sacó el pliego de licitación, cómo está ahora mismo y cuantificar y ver si con los 41.791,31 euros que se han incautado de garantía definitiva es suficiente o no, y hay que exigirle una mayor cantidad de dinero” a la empresa.
Con respecto a los trabajadores, José Antonio Gómez dijo que los concejales de Izquierda Unida, Jesús David Sánchez y Paco García, en su comparecencia pública de la semana pasada “quisieron engañar la ciudadanía” afirmando que “la mayoría de los trabajadores de la piscina eran subrogados de cuando el servicio se prestaba por Sodepo, cosa que es totalmente falsa”.
“Allí hay tres trabajadores, máximo cuatro, que son los que todavía siguen de la etapa de Sodepo, y cómo ya dije en el pleno, tendremos que esperar al asesoramiento jurídico que nos diga efectivamente cuál es la obligatoriedad y el compromiso del Ayuntamiento. Cuando yo hablo con nuestros servicios jurídicos, lo que nos dicen es que, a día de hoy, la responsabilidad con los trabajadores es única y exclusivamente de la concesionaria, que es quien está prestando el servicio, ella será la que tendrá que decidir si tiene que despedir o no a los trabajadores, si puede darles otro servicio dentro de los que presten, o si por el contrario no tiene para prestar otro servicio y tiene que despedirlos”, aclaró Gómez, quien igualmente apuntó que “la empresa también será responsable de la indemnización, y ella será la que valore si el Ayuntamiento está incumpliendo o tiene alguna obligación, en cuyo caso se lo reclamará en estas alegaciones, se lo pondrá por escrito, denunciará al Ayuntamiento, o tendremos que sentarnos a verlo una vez que tengamos todos los informes cerrados por completo”.
“Ni yo como concejal ni el alcalde decidimos qué trabajadores entran o se tienen que quedar, eso nos lo tienen que decir los servicios técnicos del Ayuntamiento, por eso pedimos a la oposición que deje de hacer cantos de sirena hacia los trabajadores, diciéndoles que el Ayuntamiento tiene la obligación, cuando, a día de hoy, ni tiene obligación ni hay nada por escrito que nos diga que, efectivamente, esos trabajadores son del Ayuntamiento, porque eran de una empresa pública que prestaba un servicio. Eso habrá que verlo en el plazo del tiempo”, puntualizó.
