Según fuentes puestas en contacto con VIVA CAMPO DE GIBRALTAR, funcionarios municipales, recibiendo directrices “políticas”, habrían permitido la salida de estos vehículos.
Hay un agravante en esta cuestión que da idea de algo aún más escandaloso en este supuesto trato de favor, como es el hecho de que entre los al menos seis casos habría personas allegadas y de confianza de algún que otro concejal que posiblemente podría estar aún en activo.
En todos estos casos se avala la comisión de estas irregularidades con documentos, todos ellos fechados en 2007, en los que aparecen sellos de la Policía Local, firmas de agentes municipales y supuestamente la firma de personas de la clase política que eran los que, en última instancia, autorizaban la retirada de los vehículos sin cargo.
En este sentido, la documentación consultada sugiere que el entonces concejal de Seguridad Ciudadana, Miguel Núñez, habría sido conocedor de todas estas acciones irregulares, y que, si bien habría sido capaz de reconducir la situación creada tras las sospechas originadas en relación a la Caja B, dando cuenta a los órganos fiscalizadores municipales de toda la entrada y salida de dinero de la Policía Local en el tiempo en que ejerció su cargo, no lo habría sido tanto con estas otras irregularidades.
En caso de ser ciertas estas afirmaciones, los presuntos implicados podrían haber incurrido no en una práctica administrativa irregular, sino en un delito en toda regla.
Comisión investigadora
La revelación de estos documentos tuvo lugar durante el proceso de investigación del caso de la 'Caja B', surgido de la utilización de una caja de zapatos para colocar el dinero procedente de las multas de tráfico y el servicio de retirada de la grúa municipal.
