Doscientos catorce, según la nueva autoridad de la Junta, van a tener que abonar por varias sentencias desfavorables. Una buena cifra, con tal que no se quede como los EREs o como las listas de espera…. Pero peor aún, una cifra que podía haberse ahorrado, que da más coraje. Porque la han sumado la mala administración y la soberbia: Dos partidas alimentan una deuda de la que esos millones sólo son remanente de otros 548, lo que hace 762 millones en los últimos tres años. Con eso y lo que Espadas es capaz de enterrar en el tranvía, podría hacerse una línea de metro. Va a haber que enseñarles a sumar.Lo contrario de restar, que de eso sí saben los políticos.
Las indemnizaciones se escapan por dos caminos. Uno, los sobrecostes de obras públicas, inexplicable salida de las constructoras para cobrar mucho más de lo contratado. Puede ser el dichoso “poyáque…” o no, pero al final pagamos nosotros. El sobrecoste solo, o con juicio e intereses. Deberían ser menos soberbios y saber cuándo es necesario ceder, que la “trampa” sube cada día. Claro, también hay que ser menos soberbios para saber cómo se plantea el concurso, y se ajusta el contrato, para que la empresa no se equivoque en el precio y no haya sobrecoste. Incluso si para ello fuera preciso cambiar la legislación, que hasta ahí no llegamos, ni nos corresponde. No todo va a ser darles ideas, para aumentar el trabajo de las máquinas de destrucción de documentos. En todo caso, si un proyecto merece reajuste de precio por imprevistos o subida de costos imprevisibles, tendría que ser la empresa quien razone y demuestre. La cuestión es evitar presupuestos a la baja, que luego queden “equilibrados” con la obra en marcha.
El otro es por creerse dioses, que es una convicción muy peligrosa. Para los demás, y a veces también para el creído, aunque debería ser al revés. Lamentable es que la Administración sólo pague tras el paso por el Juzgado, con el correspondiente encarecimiento y el costo del proceso, ambas cosas a cargo del inocente contribuyente, a cuyo lomo se carga todo, sin compasión. Y preguntémonos si también sin dignidad. Es sólo una pregunta. Lo cierto es que cuando la Administración se niega a escuchar, cosa demasiado frecuente, hace sufrir directamente al ciudadano, o ciudadana. Espeluznante es el caso de la mujer que seguía sin cobrar, años después de varias sentencias a su favor, para morir a consecuencia de los trastornos sufridos. Cuando estos desafueros suceden, siempre hay uno, una o más culpables. Por endiosamiento. Por creer que la Administración y sus representantes están por encima del común de los mortales. Esto se acaba cuando lo que el ciudadano paga sin ser culpable -multas, costos de abogados y juicios e intereses-, vayan a cargo de los o las culpables. Que es muy cómodo equivocarse y exigir a los demás lo que no se exigen a sí mismos. (Y mismas).
El PP está sacando a la luz lo que ya sabíamos y más. Pero más de lo real. Harían bien en abandonar la prestidigitación, porque ellos tienen mucho que callar. Que beneficiar a una energética con un almacén de gas en Doñana, nos va a costar 358 millones. Y no los va a pagar ni el partido ni los miembros del gobierno que aprobó el capricho.
