El Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Cádiz ha presentado un total de seis mociones para el pleno del próximo 24 de febrero. Entre ellas, la formación ha incluido una referente a la pobreza energética. La coalición explica que este término alude a “aquella situación que sufre un hogar incapaz de pagar los servicios y la energía suficientes para la satisfacción de sus necesidades domésticas o cuando se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética de su vivienda”. Según la Encuesta de Presupuestos Familiares y la Encuesta de Condiciones de Vida, entorno al 10% de la población española la sufre, unos 4 millones de personas, y el fenómeno está creciendo de la mano del desempleo y la crisis económica, que merman el poder adquisitivo de la ciudadanía, así como por el encarecimiento sin tregua de electricidad, gas y agua.
En este sentido, el portavoz municipal de IU, Sebastián Terrada, considera que “Cádiz es una ciudad que desgraciadamente conoce bien estos problemas, porque mucha de su gente está pasando por situaciones muy difíciles y aquí estamos en crisis desde hace mucho, aunque en estos momentos recrudecida. Por ello creemos que este Ayuntamiento debe ser punta de lanza a la hora de impulsar que el Gobierno central apruebe una Ley de medidas para prevenir la pobreza energética, que regule el sistema de suministros básicos del hogar”. Además, desde IU se pide también que “el Gobierno central cree el bono social para los hogares con poder adquisitivo reducido o en riesgo de exclusión social, estableciéndose una tregua invernal e impidiendo el corte de suministro a estas familias”.
El edil comenta asimismo que “la idea es que el tema de los suministros pase de ser un asunto de caridad, en el caso de este Ayuntamiento pagando recibos a las familias con pocos recursos que acuden a pedirlo y anunciando cada mes cuantos miles de euros ha gastado en ello, para ser una cuestión de justicia social. Lo interesante es que por Ley se garantice que las tarifas no sean objeto de mercado y se establezcan precios sociales y elementos de fiscalidad energética favorables para las familias con bajos ingresos”. Añadiendo que “valoramos muy positivamente la iniciativa que han tenido los Ayuntamientos gobernados por nuestra formación, garantizando un mínimo vital básico de luz y agua a las familias, y esperamos que cunda el ejemplo. Pero además vamos a luchar por conseguir que esto se garantice a nivel estatal sin depender de la voluntad de quienes gobiernen los municipios”.
