La Fiscalía ha presentado una denuncia penal contra el anterior Gobierno municipal de Aznalcóllar (Sevilla), de mayoría socialista, por justificar con las mismas facturas duplicadas unas subvenciones de la Junta de Andalucía y de la Diputación provincial.
La Fiscalía de Sevilla, en una denuncia a la que ha tenido acceso Efe, dice que el Ayuntamiento justificó en 2008 el programa de Envejecimiento Activo, subvencionado por la Junta, y el Programa de Dinamización Comunitaria de la Diputación con "idénticos justificantes económicos" y con una "sospechosa similitud" en la memoria de los programas.
En el caso del Envejecimiento Activo se facturaron una serie de gastos de personal, celebraciones, excursión a Córdoba, autocares, almuerzos y visitas a monumentos en los que "todos y cada uno de los gastos son los mismos que en su día se utilizaron para la justificación del programa de Dinamización Comunitaria", según la denuncia.
En cuanto al programa de Dinamización Comunitaria, contó con un presupuesto de 7.866 euros destinados al fomento de la participación de distintos sectores de la población en la vida social y cultural del municipio.
La Fiscalía entiende que podrían existir delitos de falsedad en documento mercantil en facturas por un importe de 4.763 euros presentadas por duplicado en las citadas subvenciones, "sin perjuicio de que también se deba investigar si ese dinero ha sido objeto de un destino ajeno a los fines públicos perseguidos".
Ello deriva de que no se ha presentado ninguna justificación de dicho gasto "pese a la exhaustiva solicitud documental realizada por la Policía", por lo que la Fiscalía cree que podría existir un delito de malversación de fondos públicos mediante un "lucro particular no justificable desde ningún punto de vista del beneficio comunitario".
El actual equipo de Gobierno de Aznalcóllar, con mayoría de IU, puso varios datos de la contabilidad municipal entre 2008 y 2011 en conocimiento de la Fiscalía, que ahora acuerda denunciar los hechos al juzgado de Sanlúcar la Mayor (Sevilla).
La Fiscalía archiva una de las denuncias por no alcanzar el importe legal de 120.000 euros, pese a constatar que las subvenciones "en su mayor parte no se han utilizado para los fines para los que fueron solicitadas".
Entre otros, cita que "en los programas de Inserción Social de Disminuidos la totalidad de la subvención más la aportación municipal se destina íntegramente a pagar el sueldo y seguros sociales de una psicóloga y el sueldo de una persona disminuida, encubierto bajo la nomenclatura de Beca por Formación".
No obstante, el fiscal cree que esos fondos no se destinaron al lucro privado sino que "de alguna forma han revertido en beneficio de las funciones municipales al contratar a una psicóloga, sobre cuyo trabajo no se ha presentado sombra de duda sobre su realidad, y se ha dado ocupación a un minusválido".
La Fiscalía tampoco detecta delito en otras subvenciones analizadas destinadas a Escuelas Taller y Talleres de Empleo concedidas por la Junta al organismo autónomo local "El Crispinejo".
